España impulsa la inteligencia artificial en la Administración: la Comunidad de Madrid estrena su modelo seguro y eficiente
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha este lunes 15 de diciembre de 2025 su estrategia para implantar de forma segura y eficiente la inteligencia artificial (IA) en la Administración regional, con el objetivo de agilizar la atención al ciudadano, mejorar la gestión interna y garantizar la protección de los datos públicos y personales.[5]
Según ha explicado el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, el plan madrileño se apoya en una combinación de herramientas propias y soluciones de terceros, supervisadas por equipos técnicos y jurídicos especializados en ciberseguridad y protección de datos.[5] La prioridad declarada es que ningún sistema automatizado tome decisiones sensibles sin supervisión humana y que todos los procesos sean auditables.
La iniciativa se enmarca en el creciente esfuerzo de las administraciones europeas por aprovechar la IA para modernizar los servicios públicos, desde la gestión de expedientes hasta la atención multicanal al ciudadano.[1][7] En el caso madrileño, el despliegue incluye asistentes virtuales para resolver consultas frecuentes, sistemas de clasificación automática de documentos y herramientas de análisis de datos destinados a optimizar recursos sanitarios, educativos y sociales.[5]
Para reducir riesgos, la Comunidad ha establecido un marco de gobernanza que contempla comités de ética, protocolos de revisión periódica de algoritmos y la obligación de informar al ciudadano cuando esté interactuando con un sistema de IA.[5][7] Además, se ha reforzado la infraestructura tecnológica con soluciones de ciberseguridad adaptadas al nuevo escenario, en el que el volumen y la sensibilidad de los datos procesados aumentan de forma significativa.
Expertos consultados destacan que el éxito de este tipo de proyectos depende de la calidad, coherencia y accesibilidad del dato, elementos clave para que la IA aporte valor real y no genere sesgos o errores en la toma de decisiones.[7] En este sentido, la Comunidad de Madrid ha anunciado inversiones en la depuración y normalización de sus bases de datos, así como en la formación de los empleados públicos que deberán trabajar con estas herramientas.[5][7]
El despliegue llega en un contexto en el que la IA se consolida como eje estratégico para gobiernos y empresas, con movimientos que van desde grandes inversiones en chips y centros de datos hasta proyectos específicos en educación, sanidad y transporte.[1][3][7] En España, diversas administraciones autonómicas han comenzado a incorporar sistemas de automatización, pero el modelo madrileño aspira a situarse como referencia en materia de seguridad, cumplimiento normativo y transparencia.
Organizaciones de usuarios y especialistas en derechos digitales seguirán de cerca la evolución del proyecto, especialmente en lo relativo al uso de datos personales y al impacto de la automatización en la relación entre ciudadanos y administración. La Comunidad sostiene que la IA no sustituirá al personal público, sino que liberará tiempo de tareas repetitivas para dedicarlo a funciones de mayor valor añadido.[5]
Con la puesta en marcha de esta estrategia, Madrid se suma al grupo de regiones europeas que quieren convertir la inteligencia artificial en una herramienta estructural de la gestión pública, combinando innovación tecnológica con garantías legales y controles específicos para minimizar riesgos y maximizar beneficios para los ciudadanos.[1][5][7]
