Gobierno federal y gobernadores acuerdan estrategia nacional contra la extorsión en reunión del 12 de diciembre

Ciudad de México, 12 de diciembre de 2025 – 5:00 p.m.. El gobierno federal y los 32 gobernadores estatales pactaron este viernes una respuesta unificada contra la extorsión, el único delito de alto impacto en aumento en México, durante una reunión convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el lead de la jornada, Sheinbaum instó a los mandatarios a reducir las extorsiones en un año mediante estrategias coordinadas, destacando al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y a la nueva fiscal general como un «equipo probado» para enfrentar este desafío.[1][2]

El acuerdo incluye la homologación de legislaciones estatales con la reforma federal en materia de extorsión, respaldando una lucha nacional contra este delito que afecta a transportistas, campesinos, ganaderos y diversos giros comerciales, como se denunció en casos recientes en La Laguna, donde el líder sindical Édgar Rodríguez, alias «El Limones», exigía cobros ilegales. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya bloqueó cuentas de empresas y personas vinculadas.[1]

Contexto histórico. La extorsión ha escalado como el principal problema de seguridad en México, superando otros delitos de alto impacto que muestran tendencias a la baja. Según reportes matutinos, estados como Coahuila y Durango unieron fuerzas contra estas prácticas, mientras que en la región lagunera, denuncias de víctimas revelaron una red extorsiva liderada por figuras sindicales.[1]

Sheinbaum enfatizó la necesidad de trabajar en conjunto, señalando que la extorsión representa «el mayor desafío en curso». Los gobernadores acordaron aplicar medidas institucionales unificadas, incluyendo operativos conjuntos y reformas legales para fortalecer penas y agilizar procesos judiciales.[1][2]

En paralelo, el encuentro se dio en un día marcado por movilidad compleja en la Ciudad de México debido al Día de la Virgen de Guadalupe, con 110 mil fieles en la Basílica y protestas laborales en el Zócalo por la reducción de la jornada a 40 horas. Sin embargo, la reunión política trascendió estos eventos, enfocándose en seguridad pública.[2]

Otras noticias del día incluyen críticas al manejo de 1,900 millones de pesos a discreción del Senado para gastos operativos, apoyos y subsidios de Morena, según Reforma. En economía, el peso se fortaleció a 18.03 por dólar, su mejor nivel en 17 meses, impulsado por el recorte de tasas de la Fed.[1]

Expertos en seguridad celebran el pacto como un paso hacia la coordinación federal-estatal, similar a iniciativas pasadas contra el huachicol o feminicidios, pero advierten que su éxito dependerá de la implementación en campo. La presidenta llamó a medir avances en un año, con indicadores claros de reducción del delito.

Este acuerdo llega en medio de un 2025 marcado por la transición gubernamental y crecientes demandas ciudadanas por seguridad. Mientras tanto, la UIF continúa acciones contra redes financieras del crimen, como en el caso de La Laguna.

El cierre de esta jornada política subraya el compromiso institucional, pero analistas piden vigilancia para evitar politizaciones. México enfrenta la extorsión como barrera al desarrollo económico y social; la respuesta unificada podría marcar un punto de inflexión.[1][2]

(Aproximadamente 520 palabras. Fuentes: UnoTV, Milenio, Excélsior).