México y Estados Unidos alcanzaron el 13 de diciembre de 2025 un acuerdo de alto impacto político y económico para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944, luego de que el gobierno de Donald Trump amenazara con imponer un arancel del 5% a las exportaciones mexicanas si no se entregaba, antes del 31 de diciembre, el volumen pendiente de agua.
El entendimiento contempla que México ceda y autorice el trasvase de hasta 246,6 millones de metros cúbicos —equivalentes a cerca de 249 hectómetros cúbicos— desde sus cuencas fronterizas para regularizar los envíos establecidos en el histórico acuerdo bilateral.
De acuerdo con fuentes de ambos gobiernos, el pacto fue cerrado tras jornadas intensas de negociación técnico-diplomática, en las que se evaluaron tanto el impacto hídrico para los estados del norte de México como el costo económico que habría supuesto la imposición inmediata de aranceles adicionales a productos agroindustriales y manufactureros mexicanos.
El Tratado de Aguas de 1944 establece obligaciones recíprocas en el uso de los ríos fronterizos, principalmente el Río Bravo y el Río Colorado, y ha sido tradicionalmente administrado por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA). Sin embargo, en los últimos años las sequías, el aumento de la demanda agrícola y el cambio climático han complicado el cumplimiento de los calendarios de entrega por parte de México.
La amenaza lanzada desde Washington a comienzos de semana —un arancel general del 5% a las exportaciones mexicanas— generó inquietud en los mercados y en el sector exportador, reavivando el recuerdo de episodios de tensión comercial de años previos. Cámaras empresariales mexicanas advirtieron que una escalada de tarifas habría afectado la competitividad de la cadena manufacturera, particularmente en la industria automotriz, electrónica y agroalimentaria.
En este contexto, el gobierno mexicano optó por privilegiar la vía diplomática y aceptar un margen mayor de entrega de agua, argumentando que el costo interno de reajustar concesiones y esquemas de riego era menor que el riesgo de un choque arancelario inmediato. Autoridades federales han asegurado que se adoptarán medidas de apoyo y compensación para los productores agrícolas de las regiones más afectadas por la reasignación de volúmenes.
El acuerdo llega en un momento políticamente sensible. Por un lado, Estados Unidos se aproxima a un nuevo ciclo electoral en el que la agenda migratoria y comercial vuelve a ocupar un lugar central en el discurso de Trump. Por otro, el gobierno mexicano enfrenta presiones internas de gobernadores, organizaciones campesinas y oposiciones locales, que reclaman mayor transparencia en los criterios técnicos y una defensa más firme de los recursos hídricos nacionales.
Analistas consultados señalan que la decisión de ceder en el capítulo hídrico se inscribe en una estrategia de contención de conflictos con Washington, con el objetivo de preservar la estabilidad del marco comercial vigente y evitar señales de incertidumbre para la inversión extranjera. No obstante, advierten que la combinación de estrés hídrico, cambio climático y tensiones políticas hará que el Tratado de Aguas sea, cada vez más, un punto recurrente de fricción bilateral.
A futuro, el reto para México será equilibrar la obligación internacional de cumplir con sus compromisos de suministro de agua con la necesidad de garantizar la seguridad hídrica de sus regiones fronterizas, en un escenario de creciente competencia por el recurso y elevada sensibilidad política frente a cualquier concesión percibida como una cesión de soberanía.
