México levanta un muro arancelario contra China y otros países en medio de presiones comerciales
México dio este jueves un paso clave en la redefinición de su política comercial al aprobar en el Senado una ley que incrementa de forma significativa los aranceles a importaciones de una docena de países, encabezados por China, con entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2026.[3][4][5]
La reforma, impulsada por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalada en la Cámara alta con 76 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones, lo que cerró el trámite legislativo iniciado días antes en la Cámara de Diputados.[3][5] El paquete modifica 1.463 fracciones arancelarias y afectará principalmente a productos de los sectores automotriz, textil, vestido, plástico, electrodomésticos y calzado, entre otros, con especial énfasis en mercancías procedentes de China y otros países asiáticos.[3][5]
El Ejecutivo presentó la medida como parte de un plan para fortalecer la industria nacional, incentivar la generación de empleos y reducir la dependencia de importaciones de terceros países.[3] Durante el debate, legisladores oficialistas subrayaron que el objetivo es consolidar las cadenas de suministro dentro de México y elevar el contenido nacional en la producción destinada tanto al mercado interno como a la exportación.[3]
La propuesta original contemplaba aranceles de hasta el 50%, aunque en la versión aprobada la mayoría de las tasas se situaron en rangos de 20% a 35%, manteniendo el techo del 50% solo en casos específicos.[3][5] De acuerdo con analistas citados por medios internacionales, este esquema configura un auténtico “muro arancelario” que encarece de manera notable el ingreso de productos asiáticos, en particular los chinos, al mercado mexicano.[5]
La votación se produjo en un contexto marcado por las presiones comerciales de Estados Unidos y por los preparativos de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).[3][5] Desde Washington se ha acusado a México de fungir como puerta de entrada de mercancías chinas hacia territorio estadounidense, lo que ha derivado en reclamos para endurecer controles y elevar costos a esas importaciones.[3]
Desde la oposición, varios senadores cuestionaron que la reforma se haya elaborado de forma “apresurada” y advirtieron posibles impactos en la inflación y en el poder adquisitivo de los consumidores mexicanos.[3] Algunos legisladores también pusieron en duda la autonomía de la decisión, al sugerir que responde más a la agenda proteccionista de Washington que a una estrategia de largo plazo diseñada en la Ciudad de México.[3]
Sheinbaum ha rechazado de manera reiterada que la medida sea una concesión a Estados Unidos y la enmarca en el denominado Plan México, un programa que busca impulsar el mercado interno y reposicionar al país como plataforma productiva en América del Norte.[3] Según el Gobierno, el aumento de aranceles debe incentivar que empresas extranjeras instalen plantas en territorio mexicano en lugar de exportar directamente desde Asia.[3][5]
En el plano internacional, la decisión ha levantado inquietud en China, cuyo comercio con México se ha expandido aceleradamente en la última década.[3][5] Voces empresariales han pedido claridad sobre la implementación de las nuevas tarifas y han advertido que un ajuste brusco podría encarecer insumos clave para la manufactura nacional, en especial en la industria automotriz y electrónica.[3]
Con la publicación pendiente en el Diario Oficial, el país se encamina a iniciar 2026 con un esquema arancelario más restrictivo hacia Asia, en un momento en que México busca equilibrar su papel como socio estratégico de Estados Unidos y, al mismo tiempo, actor relevante en el comercio global.[3][4][5]
