Diputados aprueban alza de aranceles a importaciones de Asia para 2026 en una tensa sesión nocturna
La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del 11 de diciembre de 2025 un paquete de nuevos y mayores aranceles a miles de productos importados principalmente de China y otros países de Asia, con incrementos de hasta 50% que comenzarán a aplicarse en 2026, como parte de una estrategia del gobierno federal para fortalecer la producción nacional y corregir desequilibrios comerciales.[6]
De acuerdo con el dictamen avalado en San Lázaro, la medida alcanza a un amplio universo de mercancías de sectores como manufacturas, bienes de consumo e insumos industriales provenientes de naciones asiáticas, con énfasis en China, que en los últimos años se ha consolidado como uno de los principales socios comerciales de México.[6]
El bloque legislativo afín al Ejecutivo sostuvo que los aranceles buscan proteger a la industria mexicana ante la competencia de productos de bajo costo y apoyar la política de reindustrialización y sustitución de importaciones impulsada desde Palacio Nacional.[6] Legisladores oficialistas argumentaron que el país enfrenta un déficit creciente en su balanza comercial con Asia y que era necesario «nivelar el terreno de juego» para las empresas nacionales.
En contraste, diputados de la oposición y representantes del sector privado advirtieron que los incrementos arancelarios pueden traducirse en mayores costos para las empresas y alzas de precios para los consumidores en 2026, al encarecer insumos y bienes finales que no se producen en México con la misma escala o tecnología. Analistas consultados señalaron además el riesgo de eventuales represalias comerciales por parte de los países afectados, así como un posible deterioro del clima de inversiones.
La decisión se toma en un contexto de creciente incertidumbre internacional. En su reporte regional al tercer trimestre de 2025, el Banco de México ya había advertido sobre los riesgos asociados a los cambios en la política económica de Estados Unidos y a la próxima revisión del T-MEC, destacando que las regiones del norte del país podrían resentir con mayor intensidad choques comerciales externos.[5] Aunque el banco central no se pronunció específicamente sobre este nuevo paquete arancelario, el documento subrayó la necesidad de evaluar cuidadosamente el impacto de decisiones de política comercial sobre la actividad económica y la inflación.[5]
El gobierno federal ha insistido en que la medida es compatible con los compromisos internacionales de México, incluido el T-MEC, al centrarse en bienes de países con los que no existe un tratado de libre comercio vigente. No obstante, especialistas en comercio exterior consultados por este medio apuntan que el aumento de aranceles deberá ser defendido en los foros multilaterales correspondientes en caso de que algún socio lo impugne.
En paralelo, en la agenda económica y política de este mismo 11 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró en su conferencia matutina que México mantendrá su postura de respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la no injerencia en asuntos internos de otros países, al ser cuestionada sobre temas de política internacional.[2] Esa línea de política exterior podría chocar, en la práctica, con un escenario de tensiones comerciales derivadas de la nueva política arancelaria.
Los próximos meses serán clave para medir el alcance real de la reforma: por un lado, la posible mejora en la competitividad de la planta productiva nacional y, por otro, el impacto en precios, inversiones y relaciones comerciales con Asia. En el centro del debate permanecerá la misma pregunta que hoy divide a legisladores, empresarios y analistas: si el costo inmediato para consumidores y empresas justifica la apuesta por un mayor grado de protección a la industria mexicana en medio de un entorno global cada vez más incierto.
