Gobierno federal y oposición miden fuerzas en víspera de marchas y bloqueos en todo el país

Ciudad de México. La tensión política se elevó en México la mañana del 5 de diciembre de 2025, cuando el gobierno federal y diversos grupos opositores comenzaron una jornada de declaraciones cruzadas y preparativos logísticos ante las marchas y bloqueos anunciados para las próximas horas en varias entidades del país.

Las autoridades federales y locales informaron de la previsión de manifestaciones en accesos carreteros a la capital y en puntos estratégicos de distintas ciudades, convocadas por organizaciones civiles críticas al gobierno y por colectivos que exigen atención a demandas sociales rezagadas. En paralelo, simpatizantes del partido en el poder se organizan para participar en una movilización masiva en apoyo a la administración actual, lo que incrementa el riesgo de incidentes en carreteras y espacios públicos.

En el centro del escenario se ubican las autopistas que conectan a la Ciudad de México con estados vecinos, donde grupos opositores han anunciado cierres parciales como forma de protesta contra las recientes reformas impulsadas desde el Ejecutivo y aprobadas en el Congreso. Entre sus principales reclamos se encuentran cambios en materia de recursos públicos, proyectos de infraestructura y nuevas disposiciones regulatorias que, a su juicio, concentran poder en el gobierno federal y reducen contrapesos institucionales.

Desde el gobierno se ha insistido en que las reformas responden a un mandato popular surgido de las urnas y que su objetivo es profundizar la política social, mejorar la coordinación en seguridad y acelerar proyectos de inversión estratégica. Voceros oficiales han subrayado que las modificaciones legales fueron discutidas en el Congreso y cuentan con mayorías calificadas, por lo que consideran que los bloqueos y cierres de vialidades afectan a terceros sin aportar soluciones de fondo al debate político.

La jornada del 5 de diciembre se produce, además, en un contexto de reacomodo regional marcado por el impacto de las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la respuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en temas como migración, seguridad fronteriza y cooperación económica. En días recientes, ambos gobiernos han intercambiado mensajes públicos y ajustado agendas de reuniones bilaterales, lo que ha puesto bajo mayor escrutinio la estrategia de seguridad y la gestión de la frontera norte.

Analistas consultados por medios nacionales advierten que la combinación de movilizaciones internas y tensiones diplomáticas externas coloca al país en un momento políticamente sensible. Por un lado, organizaciones campesinas, colectivos urbanos y grupos opositores buscan aprovechar la visibilidad de las marchas para presionar al gobierno en temas de presupuesto, derechos humanos y políticas ambientales. Por otro, el Ejecutivo intenta proyectar una imagen de gobernabilidad y respaldo ciudadano a través de actos multitudinarios y mensajes de unidad.

En la capital, las autoridades locales han anunciado dispositivos especiales de seguridad y tránsito para intentar minimizar afectaciones a la ciudadanía. Se prevén cortes intermitentes, desvíos en avenidas principales y presencia reforzada de cuerpos de seguridad y protección civil, con el objetivo de evitar enfrentamientos entre grupos con posiciones políticas antagónicas.

Organizaciones de la sociedad civil y expertos en derechos humanos han llamado tanto al gobierno como a los convocantes de las protestas a garantizar el carácter pacífico de las movilizaciones. El derecho a la libre manifestación y el respeto a la integridad de terceros se han colocado en el centro de la discusión, ante el temor de que la creciente polarización derive en episodios de violencia que marquen la recta final del año político.

Al cierre de la mañana del 5 de diciembre, el gobierno federal reiteró que mantendrá abiertos los canales de diálogo institucional con actores políticos y sociales, al tiempo que hizo un llamado a evitar acciones que bloqueen servicios esenciales o pongan en riesgo la seguridad en carreteras y espacios públicos. En las próximas horas se pondrá a prueba la capacidad de las autoridades para administrar la protesta social y la disposición de los distintos grupos a expresar sus demandas dentro de los cauces pacíficos y democráticos.