El 27 de noviembre de 2025, en la conferencia de prensa matutina, la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó la creación de una Comisión de Investigación aprobada por el Congreso local para indagar el financiamiento y los responsables detrás de la marcha 15N, que dos semanas atrás derivó en actos violentos protagonizados por grupos del denominado «bloque negro».
Brugada detalló que la comisión cuenta con la encomienda de esclarecer qué partidos políticos, personajes y actores convocaron y financiaron a los grupos de choque que estuvieron presentes en la manifestación. Subrayó que aunque la Ciudad de México garantiza la libertad de expresión sin importar su origen, lo esencial es que esa libertad no derive en violencia. La Fiscalía capitalina continuará con la investigación para determinar con precisión quiénes están implicados.
La marcha 15N se convirtió en un foco de atención nacional tras reportes de enfrentamientos violentos; se especula que detrás de estos incidentes existen intereses políticos con financiamiento identificado, según declaraciones de la jefa de gobierno en el contexto de las acciones preparatorias en la capital para el Mundial 2026.
Este anuncio se produce en un momento en que la administración local y federal impulsan un trabajo coordinado de seguridad e infraestructura, con medidas que incluyen el incremento de vigilancia ciudadana y renovaciones en transporte público, como explicó la presidenta Claudia Sheinbaum en la misma jornada. La investigación tiene como objetivo desincentivar el uso de movilizaciones sociales para la violencia y preservar la estabilidad en la capital de la república.
En el marco político, la formación de esta comisión reafirma el compromiso de las autoridades locales de promover mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en procesos sociales complejos, buscando evitar que los conflictos legítimos sean infiltrados por intereses ajenos a la ciudadanía.
Contexto adicional: Las marchas sociales en Ciudad de México, especialmente aquellas con causas diversas y amplias, han vivido una evolución donde la participación ciudadana legítima a veces convive con grupos organizados que buscan generar desestabilización. La respuesta institucional con investigaciones específicas como la descrita es un paso para atender fracturas sociales y políticas de manera pacífica y ordenada.
