Ciudad de México, 23 de noviembre de 2025 – El ambiente político mexicano se encuentra marcado por la incertidumbre ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para 2026. Este domingo, las preocupaciones de sectores empresariales norteamericanos y mexicanos sobre el futuro del acuerdo comercial dominaron el debate público, mientras las autoridades insisten en avances diplomáticos con sus contrapartes en Washington y Ottawa.
De acuerdo con diversos actores involucrados en el tratado, los temores ante reformas constitucionales promovidas por el gobierno mexicano, vistas como posibles violaciones a acuerdos internacionales, han generado alarma entre inversionistas y organismos empresariales estadounidenses. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Asociación de Energía Limpia, el Instituto del Petróleo y principal estudios de Hollywood figuran entre las partes que han solicitado mayor protección frente a lo que describen como un clima de politización de la justicia mexicana y creciente incertidumbre jurídica en el país.
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En ese sentido, la Oficina del Representante Comercial de EUA (USTR) convocó a consultas públicas donde se ventilaron estas inquietudes y denuncias sobre el cumplimiento de México a los compromisos derivados del T-MEC. Desde la Ciudad de México, funcionarios han destacado la importancia de respetar la soberanía nacional a la hora de aprobar reformas, aunque reconocen la necesidad de avanzar en negociaciones constructivas para ofrecer garantías de certidumbre a los socios internacionales.
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Marcelo Ebrard, secretario de Economía, encabeza la delegación mexicana responsable de mantener el diálogo y buscar fórmulas que convenzan a sus contrapartes sobre la necesidad de preservar el acuerdo trilateral en beneficio mutuo. Sin embargo, analistas advierten que las reuniones continúan bajo un velo de discreción característico de la diplomacia norteamericana, especialmente en el contexto de la política errática del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.
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En paralelo, sectores de la oposición en México piden mayor transparencia y participación de la sociedad civil en las decisiones que afectan el rumbo comercial del país. Los debates en el Congreso sobre posibles ajustes jurídicos y el cumplimiento de estándares internacionales se intensifican, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum reafirma su compromiso de garantizar un marco de legalidad y respeto a la Constitución, frente al creciente escrutinio público y presiones de sectores productivos.
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El clima político nacional también registra presiones internas: grupos sociales reclaman reforzar garantías laborales y ambientales como parte de las negociaciones del tratado, demandando que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones para la población. Por otro lado, representantes empresariales sostienen que la paralización o ruptura del acuerdo supondría graves riesgos para la estabilidad económica y la inversión extranjera directa.
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Así, la agenda de este 23 de noviembre refleja una coyuntura decisiva en la política nacional, donde los intereses internos y externos se enfrentan en torno a la revisión del T-MEC y la defensa de soberanía versus la necesidad de estabilidad para el desarrollo. Las próximas semanas se anticipan cruciales para definir la postura mexicana ante sus socios norteamericanos y el futuro del tratado.
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