La Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, el cual contempla una reasignación histórica de recursos: se recortarán más de 17 mil 789 millones de pesos al Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral (INE), a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Fiscalía General de la República (FGR). Estos fondos se destinarán a áreas consideradas prioritarias, como la educación, ciencia, cultura, medio ambiente y programas sociales[3].

Votación y polémica

El dictamen recibió 358 votos a favor de Morena y partidos aliados, y 133 votos en contra de la oposición. El pleno de la Cámara anunció que se reservaron la totalidad del documento y anexos, con la presentación de 1,733 reservas y 216 oradores. El ambiente fue tenso, reflejando el desacuerdo sobre la magnitud y destino de los recortes propuestos[3].

La propuesta legislativa implica que el principal afectado será el Poder Judicial, que verá una reducción superior a 15,800 millones de pesos en su presupuesto. Este ajuste es parte de una estrategia más amplia para fortalecer las partidas destinadas a la Secretaría de Educación Pública, y otorgar aumentos a instituciones específicas como bachilleratos y universidades públicas, entre ellas la Universidad de Guadalajara[3].

Distribución de recursos

Los fondos recortados se reasignarán a las siguientes áreas:

• Secretaría de Agricultura
• Secretaría del Trabajo
• Educación, incluyendo bachilleratos y universidades
• Medio Ambiente
• Ciencia y Tecnología
• Cultura, con recursos para los institutos nacionales de Bellas Artes y de Antropología e Historia

El objetivo declarado por legisladores de Morena y aliados es priorizar la inversión en educación y fortalecer los programas sociales, así como dar impulso a sectores considerados estratégicos para el desarrollo nacional[3][1].

Reacciones y contexto político

Ante los recortes, diversos representantes de los órganos autónomos y de la oposición han calificado la medida de preocupante, señalando el riesgo de debilitar las capacidades institucionales en impartición de justicia y de afectación en los procesos electorales y de defensa de derechos humanos.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, enfatizó en la conferencia matutina de este jueves que «el presupuesto refleja la prioridad de atender a las mayorías y reforzar el gasto social»[2]. También rechazó que exista influencia externa en las decisiones presupuestarias, luego de comentarios sobre presiones por parte de Estados Unidos en materia de justicia y seguridad[2].

“Con este presupuesto buscamos garantizar que ningún estudiante quede fuera por falta de recursos y que los programas sociales lleguen a todos los rincones del país”, declaró un representante del grupo parlamentario de Morena durante la sesión[3].

Información de fondo

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 asciende a 10 billones 193 mil 683 millones de pesos. La dinámica de reasignación presupuestal se enmarca en el contexto de crisis de inversión pública desde 2024 y el repunte del consumo privado, según datos del Ejecutivo y de organismos de análisis económico nacional[1].

La economía social y la ampliación de programas de bienestar continuarán siendo eje del gobierno federal. El marco normativo, basado en el artículo 25 constitucional, obliga al Estado mexicano a impulsar el desarrollo en estos sectores, tendencia fortalecida desde la crisis de 2009 y mantenida en las recientes administraciones[3].

Debate nacional

La reasignación presupuestal ha intensificado el debate sobre la autonomía de poderes y la capacidad operativa de los órganos constitucionales. Mientras la mayoría oficialista sostiene que el ajuste permite “un mejor aprovechamiento de los recursos públicos”, las voces críticas advierten sobre el riesgo de debilitar contrapesos institucionales y afectar garantías fundamentales a mediano plazo[3][1].

Se espera que durante los próximos días continúe la discusión en lo particular sobre las reservas presentadas, siendo posible que se aprueben modificaciones menores, pero el enfoque principal del gasto está definido: Educación, salud y bienestar social como prioridad del gasto público en 2026.