Hechos principales

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló este miércoles 5 de noviembre la sentencia de diez años de prisión que pesaba sobre la expresidenta interina Jeanine Áñez, dictada en el marco del proceso conocido como “golpe de Estado II”. La máxima instancia judicial del país ordenó su “inmediata liberación” tras concluir que se vulneró el ordenamiento legal y el debido proceso durante su juicio.

“Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia ejecutoriada de diez años y en consecuencia se dispone la libertad en el día, a través del juez de ejecución penal que está en La Paz”, declaró Romer Saucedo, presidente del TSJ.
[1]

Contexto y antecedentes

Jeanine Áñez asumió la presidencia interina de Bolivia en noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales, en medio de una grave crisis política y social. Su gestión, que se extendió hasta octubre de 2020, estuvo marcada por las denuncias de abuso de poder y la represión de manifestantes, además de una notable polarización política.

El proceso “golpe de Estado II” surgió en el contexto de las investigaciones abiertas tras el cambio de gobierno. Áñez fue procesada en 2022 y condenada en 2023 a diez años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Desde entonces, permanecía privada de libertad bajo fuertes cuestionamientos de sectores internacionales y de organismos de derechos humanos.
[1]

Motivaciones de la anulación

El presidente del TSJ explicó que en la revisión de la condena “se ha visto que hubo vulneraciones al ordenamiento legal vigente, esas vulneraciones han afectado el debido proceso y también los derechos que ella goza”.
[1] Según los magistrados, se detectaron irregularidades procesales y violaciones a la defensa, lo que motivó la decisión de anular la sentencia y solicitar su inmediata excarcelación. Para la familia y colaboradores de Áñez, la decisión representa la confirmación de que el proceso fue “una persecución judicial motivada políticamente”.

Reacciones nacionales e internacionales

La noticia generó fuertes repercusiones en el ámbito político boliviano. Representantes del partido Movimiento al Socialismo (MAS), al que pertenecía el expresidente Evo Morales, señalaron que “respetan la decisión judicial” pero exigen que “no se desvirtúe la memoria de quienes sufrieron durante la crisis de 2019”. Por otro lado, agrupaciones de oposición celebraron la medida como “una victoria para la democracia y la justicia independiente”.

En la esfera internacional, organismos de derechos humanos como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya habían denunciado en repetidas ocasiones las presuntas irregularidades del proceso contra Áñez. En 2025, la ONG Un Mundo Sin Mordaza emitió reiterados llamados para exigir la liberación de presos políticos en Bolivia, incluyendo a Áñez.
[1]

Implicancias políticas y jurídicas

La decisión del TSJ ocurre en el marco de una serie de medidas recientes para revisar los procesos judiciales en Bolivia, luego de una creciente presión nacional e internacional por garantizar la independencia judicial y el respeto de los derechos fundamentales.

Según expertos jurídicos, la anulación de la condena podría sentar un precedente para otros procesos abiertos tras la crisis de 2019. “Bolivia atraviesa una etapa de replanteamiento institucional que exige transparencia absoluta en el accionar de la justicia”, expresó la abogada constitucionalista Gabriela Montaño en entrevista pública.

La liberación de Áñez también puede influir en el escenario electoral de cara a los comicios de 2026, aunque la expresidenta ha señalado que no contempla regresar a la política activa inmediatamente.

Próximos pasos

El TSJ instruyó al juez de ejecución penal acelerar los trámites para la salida de Jeanine Áñez del centro de reclusión en La Paz. “La decisión es ejecutoria y no admite apelación por parte del Ministerio Público”, precisó Saucedo.
[1] Voceros del gobierno actual no han emitido declaraciones oficiales, aunque se espera un pronunciamiento en las próximas horas acerca de la futura política penal y del tratamiento de casos considerados de alto perfil político.